EL CONTEXTO POLÍTICO: “METAS PERO NO PLAZOS”.

Si hay algo que no puede desconocerse es la vocación fundacional que un sector de partidarios del gobierno militar exhibió casi desde los inicios del régimen. Esto se tradujo en la creación de un nuevo marco constitucional que regiría (y aun rige) el comportamiento de las instituciones nacionales y de la nación toda [12].

Si bien, el propio general Pinochet había dicho en julio de 1977 que en su gestión las fuerzas armadas en el poder se fijaban “metas pero no plazos”, la presión interna y externa por mostrar avances en la democratización del país llevó a Pinochet y sus asesores a fijar un itinerario que comenzaría con la promulgación de una nueva constitución durante el año 1980.

Esta constitución, redactada a fines de los ’70 y pensada para corregir los vicios del “libertinaje” político al cual había conducido la anterior (constitución del ’25), fue sometida a aprobación popular en un plebiscito que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1980. Ya un par de años antes, el gobierno había ensayado esta fórmula del “pronunciamiento popular” en la llamada “Consulta Nacional” en la que se instó a la población a apoyar a su país en contra de los “ataques” internacionales, particularmente los que provenían desde las Naciones Unidas y sus comisiones fiscalizadoras contra las violaciones a los Derechos Humanos. El triunfo de la opción de “apoyo a Chile” fue abrumador [13], como lo fue el ’80 el triunfo de la opción “Si” a la nueva constitución [14], y como han sido, por lo demás, todos los triunfos electorales en estados de dictadura, sin registros electorales, sin una prensa opositora que fiscalice los procesos, sin observadores internacionales que certifiquen la transparencia de los procesos de recuento y entrega de los resultados, etc.

Lo interesante de este nuevo escenario abierto el año ’80 sería la fijación de un itinerario constitucional para la entrega del poder ejecutivo y legislativo a la población civil. Había por fin metas y plazos declarados, los que se resumen en la fijación de un período de ocho años a partir del año ’80 para convocar a un nuevo plebiscito en el que la ciudadanía podría pronunciarse entre la continuidad del régimen encabezada por un candidato nombrado por la Junta Militar de Gobierno o el llamado a elecciones presidenciales abiertas. Además, en el mismo acto eleccionario se constituiría por primera vez en 17 años un parlamento civil. La verdad es que recién comenzada la década, ocho años de espera para recuperar una democracia civil parecía a la civilidad opositora más una pesadilla que una esperanzadora “luz al final del túnel”.

No obstante, la “derrota” sufrida por la débil y temerosa oposición en el acto plebiscitario (leído nacional e internacionalmente como fraudulento), entregó argumentos a todos los sectores políticos de la oposición (incluida la llamada “Resistencia”) para fijar sus propios itinerarios: unos optarán por una suerte de agenda de recomposición de las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, gremios, centros de alumnos, juntas de vecinos, partidos políticos, etc.) mientras que otros desarrollarán decididamente una agenda de lucha radicalizada, que no excluyó la formación de grupos paramilitares y de cuadros preparados para la lucha armada . [15]